Transparencia en tiempos de internet

Jesús Banegas
Presidente del Foro de la Sociedad Civil

La palabra transparencia se ha puesto felizmente de moda –y más que debería estar– en España por la coincidencia temporal de dos hechos singulares: la enorme proliferación de casos de corrupción de cargos públicos y de designación política y la popularización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación –las TIC- que hacen muy fácil el ejercicio de la transparencia de “la cosa pública”.

Internet ha posibilitado la llamada sociedad de la información, pero ni la hiperinformación ni la hipercomunicación que procura inyectan necesariamente luz en la oscuridad, porque la masa de información no engendra necesariamente ninguna verdad, según argumenta Byung – Chul Han en su obra: “La sociedad de la transparencia”. De hecho una transparencia total haría innecesaria e inservible una virtud social tan decisiva para el progreso de la humanidad como la confianza; y valores como la honradez y la lealtad perderían su significación.

Lo que sí ha producido el uso masivo de Internet es una condición de “transparencia sobrevenida” en la gestión de las Administraciones Públicas que hace que los secretos antes inviolables sea expuestos a la luz pública con consecuencias muy poco favorables al prestigio de los gestores públicos.

Los casos expuestos por Wikileaks o en un ámbito más doméstico las filtraciones de informaciones sumariales referentes a casos que están en la mente de todos han desnudado al poder y a quienes lo ejercen produciendo una oleada de desafección e indignación difícilmente compatible con un ejercicio sereno de la democracia.

Esta nueva situación debería ser aprovechada para avanzar en lo que de verdad importa, y mucho, aquí y ahora: la transparencia de las actuaciones públicas, es decir de los servidores del Estado y los designados por éste en sus más diversas manifestaciones. En la era de Internet, donde todo se termina sabiendo, la transparencia es una necesidad imperativa y no solo una obligación moral.

En la sociedad interconectada e híper-comunicada, la conducta de todo servidor público debe ser como mínimo decente porque es mucho más pública que en ninguna otra etapa histórica y la indecencia pública produce una desmoralización ciudadana indeseable. Eso quiere decir que debe estar al menos a la altura de lo que es exigible a cualquier ciudadano. Y en la medida de lo posible debería ser ejemplar para éste.
Puesto que las obligaciones de los ciudadanos con el Estado están amplia, variada, prolífica y minuciosamente establecidas, y en muchos casos –hacienda, circulación,..– rigurosamente perseguidas, una primera exigencia ciudadana es que las conductas públicas sean juzgadas y perseguidas, al menos, con el rigor de las privadas.

La reciprocidad de trato, es por tanto, una condición necesaria de la transparencia de las administraciones públicas: que no deberían exigir a los ciudadanos lo que ellas no cumplen. Es desde un buen y transparente quehacer público que cabe exigir un comportamiento equivalente a la sociedad: un predicar con el ejemplo que ha terminado operando al revés. La transparencia o es simétrica o no merece tal nombre.

Se dice, con toda razón, que la educación de los niños no consiste en decirles lo que deben hacer, sino en dar ejemplo por parte de los adultos y educadores, porque se fijan en lo que ven no en lo que escuchan. En el Foro de la Sociedad Civil se ha creado una firma colectiva con el nombre de Epicteto, un filósofo griego que defendía la “coherencia entre lo que se piensa –se dice, podría añadirse– y lo que se hace”, para reivindicar la vigencia de este principio ético y moral –además de muchos otros– en la política de nuestros días.

La escandalosa existencia y uso de las denominadas “black cards” en Caja Madrid es todo un perfecto y calamitoso contra-ejemplo de la transparencia que debería reinar en el ámbito púbico, lo que ha sido posible por una sucesión de fallos previos del sistema público:

  • En primer lugar, la politización de unas entidades que –sin responder a criterios claros de derechos de propiedad– asombrosamente fueron capaces de funcionar tan bien o mejor que los bancos privados hasta su apropiación por los políticos.
  • En segundo lugar, la perversa selección de sus consejos de administración, formados mayormente por políticos carentes de las más elementales capacidades ni experiencias empresariales y ni siquiera de los más básicos principios éticos y morales.
  • En tercer lugar, la falta de transparencia de los actos de los administradores y su consentimiento por las auditorías internas y externas.

A estos fallos hay que añadir la tolerancia social que se ha venido instalando en España frente a hechos manifiestamente obscenos como por ejemplo el insólito hecho de que Caja Madrid tuviera ¡más de 80 consejeros! ¿Habrá habido en EE.UU., la patria de las grandes empresas, alguna que haya alcanzado semejante número?

¿Cuántas entidades públicas en España siguen proliferando, muchas de ellas incluso inútiles, que responden al funcionamiento desastroso que se acaba de describir?

La transparencia que necesita nuestro país debería conllevar a que todas las entidades públicas estén sometidas, vía Internet, a:

  • Una exhaustiva y actualizada relación de todas ellas con información de sus objetivos, presupuestos y plantilla.
  • Listado actualizado de personal contratado -al margen del sistema de oposiciones a los empleos públicos- con su remuneración y currículum profesional.
  • Detallada descripción de las facilidades extra salariales y retribuciones en especie de todo el personal.
  • Información instantánea y pormenorizada de cualquier adjudicación de obras o servicios y de todos sus gastos.

Adicionalmente, los altos cargos del Gobierno y demás instituciones del Estado, antes de su designación deberían pasar un examen de su currículum y situación patrimonial por parte de los organismos de seguridad –CNI, por ejemplo– para garantizar la veracidad de aquél y poder discernir en el futuro sobre cualquier enriquecimiento ilícito.

No es todo lo que se puede decir sobre la necesaria transparencia del quehacer público, pero con lo dicho, si se llevara a cabo ganaría mucho España, y no sólo en el orden ético y moral, también en nuestro progreso económico y social.


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