Las subastas electrónicas ahorrarían un 12% y acabarían con la corrupción en las compras de la administración pública

Rafael Mira.

  • Las grandes empresas cada vez utilizan más esta forma de aprovisionarse.
  • Habría que cambiar las leyes vigentes de contratación pública.
  • La corrupción y la ineficiencia en las compras de la administración están generalizadas.
  • Una oportunidad de diferenciarse para los nuevos políticos regeneracionistas.

Cada vez son más las grandes empresas y especialmente las multinacionales que realizan la adquisición de los productos y servicios que necesitan para sus actividades a través de subastas electrónicas. Esta forma de operar, prácticamente inexistente en el año 2000, se ha convertido en un negocio (el “Procurement Outsourcing”) de más de 220 billones de dólares en contratos anuales, que crece un 17% cada año, de alto atractivo para las empresas especializadas que lo ofrecen. El origen de este rápido crecimiento se encuentra en al alto atractivo que representa para los clientes. Por un lado les está permitiendo alcanzar ahorros del 12% sobre los métodos más tradicionales de negociación y aprovisionamiento. Y lo sorprendente es que cuando la misma partida se renegocia al año o a los dos años (duración habitual de este tipo de contratos), se vuelve a conseguir otra vez un ahorro medio del 12%. Esto se debe a la capacidad que tienen estas plataformas especializadas en atraer nuevos proveedores cada vez más eficientes e innovadores a nivel global. Y lo que es fundamental, este nivel de ahorros nunca va en detrimento de la calidad ya que previo a la subasta electrónica, se realiza un estudio de la necesidad del cliente y se homologa la calidad de los distintos proveedores hasta asegurarse que las ofertas que ofrecen son perfectamente equiparables entre sí. Y a partir de ahí, ya es solo una cuestión de precio. Además del análisis de la necesidad y la subasta electrónica, las empresas que ofrecen servicios de “Procurement Outsourcing”, comprueban que lo negociado coincide con lo recibido.

Esta función denominada “compliance”, puede ser muy relevante en las contrataciones de determinados servicios, donde sino se lleva a cabo adecuadamente este seguimiento, se pueden encontrar desviaciones del 35% entre lo negociado y lo pagado. Las grandes empresas y las multinacionales son las primeras que se han apuntado a esta forma eficiente de comprar, donde además de conseguir ahorros importantes (12%), han encontrado una forma de racionalizar sus compras, eliminar o reducir significativamente el personal dedicado al aprovisionamiento y eliminar completamente la sombra de la corrupción.

Las empresas especializadas que lideran este servicio en el mundo son Accenture, IBM y X-Change it. A nivel de España, aquanima creada en el año 2000 por el Banco Santander y que ya opera en 10 países con más de 70 clientes es una empresa de referencia del sector.

Una oportunidad extraordinaria para mejorar la eficiencia de las administraciones publicas y acabar con gran parte de la corrupción.

Aunque a nivel de la gran empresa ya es práctica extendida y dentro de poco será raro encontrar una que no canalice el 90% de sus contrataciones por este canal, en la administración pública esta forma de compra no ha llegado todavía. En un momento en que las administraciones (centrales, autonómicas y locales) luchan desesperadamente por reducir sus déficits, disponer los saldos para pagar las nominas y a sus proveedores, cuando no por evitar la quiebra, llama la atención que ninguna haya apostado por esta forma de contratar.

La primera explicación la podemos encontrar en la actual ley de contratación pública, compendiada en España por el Real decreto legislativo 3/2011. Por un lado no permite la negociación electrónica y por otro, muchos piensan que la ley es la que se necesita. La regulación actual impone que el contrato se adjudique a la “oferta económicamente más ventajosa”. El concepto permite considerar algunos elementos que no son estrictamente económicos, pero es, en todo caso, la oferta económica se supone que es la que manda. El problema no está en la letra de la ley sino en toda la picaresca que se genera a partir de ahí.

Algunos licitadores, cuando tienen buena relación con los organismos de contratación, formulan ofertas incumplibles, que les llevarían a la ruina o perjudicarían el correcto funcionamiento de los servicios públicos. Lo hacen porque, una vez conseguida la adjudicación y vencidos los licitadores concurrentes, saben que la administración competente revisará los términos económicos del contrato en el marco de un expediente en el que se entenderá ya, en exclusiva y en privado, con el adjudicatario triunfador. En otras ocasiones, cuando el licitador es el actual prestatario del servicio o proveedor del producto, conoce mejor que la propia administración la demanda real e influye en el pliego incorporando productos y servicios caros, por los que oferta precios muy agresivos sabiendo, que luego no serán demandados. Pero como existan otras cuantas variantes, como es el hecho de que la administración pública no tenga que licitar por concurso las compras inferiores a 18,000 euros.

Lo que hacen numerosas administraciones para evitar tener que lanzar un concurso es fragmentar las compras en pedidos inferiores a este importe límite. Al renunciar a un mayor valor de la compra total, se reduce la posibilidad de obtener un mejor precio. Este tipo de compras supone un porcentaje elevado de las compras totales y podría solucionarse mediante la negociación electrónica de catálogos homologados.

Pero la ley no es el único obstáculo para la realización de las subastas electrónicas por parte de la administración pública. Cuando se inicia el proceso de racionalización de los aprovisionamientos se llega rápidamente a la conclusión de que sobran la mayor parte de los departamentos de compra y que la agregación y centralización de las compras facilitaría la consecución de mejores ofertas. Esto choca frontalmente con los intereses de los propios compradores que ven amenazados sus puestos de trabajo. También con las tendencias políticas de descentralización a nivel local y autonómico. La compra de poder.

Ya sea por tráfico de influencias y corrupción (la mayor parte de las veces), por falta de interés político o por falta de capacidad y criterio, el resultado siempre es el mismo. No se compra lo que necesita y/o se compra bastante más caro de lo que se debería de pagar. Y ese sobre precio lo pagamos todos con los impuestos. Es importante entender que lo que se lleva el comprador como compensación por el tráfico de influencias y no permitir una licitación 100% transparente, es una fracción mínima de ese sobre coste que se paga. Pero además la falta de transparencia e ineficiencia en la contratación pública, genera un efecto “boomerang” en la economía. Al contratar a empresas menos eficientes como proveedores se distorsiona el desarrollo económico, favoreciéndose la competencia desleal de aquellos que se benefician del tráfico de influencias. El resultado es una economía menos competitiva, donde se los competidores preparados sufren las consecuencias.

La corrupción y/o la falta de eficiencia en los procesos de la administración pública están generalizadas.

Basta hablar con los proveedores que la sufren una y otra vez o en analizar los simples pliegos de los concursos que se lanzan. El 90% de los españoles piensan que la falta de transparencia y corrupción política están generalizadas. Sin embargo los políticos, se niegan en reconocer esta generalización y en hablar de casos aislados. Reconocer la magnitud del problema es el primer paso para su resolución.

Los gobernantes y partidos políticos que quieran apostar por una regeneración democrática en serio tienen en la canalización de los aprovisionamientos de los partidos políticos una oportunidad única. Frente a otros retos muchos más complejos y perversos a los que se enfrentan para la mejora del estado del bienestar (sistema sanitario, educativo, judicial….) en este ámbito la solución es mucho más sencilla y no requiere una inversión por adelantado. Todo lo contrario, proporciona tesorería desde el momento en que se empieza a poner en marcha. Es solo una cuestión de toma de conciencia de la necesidad y oportunidad y de voluntad política.


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